El pasado 16 de abril publicamos una nota basada en documentación oficial disponible en el portal SEACE, en la que se informaba que, según la notaria Bertha Teresa Saldaña Becerra, su hijo habría sido retenido el 8 de abril de 2025 con el objetivo de presionarla para emitir una declaración notarial favorable a un consorcio que había interpuesto un recurso de apelación en un proceso de licitación pública.

Carta notarial recibida

El 21 de abril recibimos una carta notarial de la abogada Claudia Cristina Reyes Juscamaita, quien solicita la rectificación de nuestra nota, alegando que esta contiene afirmaciones falsas y señalando que su omisión en la cobertura habría afectado su imagen profesional y derivado en la pérdida de clientes.

¿Por qué no se incluyó inicialmente el descargo de la abogada Reyes?

Queremos dejar constancia de que, al momento de revisar el caso (16:00 horas del 15 de abril), el portal del SEACE solo contenía la documentación relacionada con la denuncia de la notaria. Los escritos con los descargos de la abogada Reyes no estaban aún disponibles públicamente en dicha plataforma; puede observarse que tienen hora de ingreso en la mesa de partes virtual del TCE a las 18:38 horas.

Por tanto, la ausencia de dicho documento no obedeció a intención de ocultar información, ni a parcialidad, ni mucho menos a mala fe, sino a los límites técnicos y temporales del acceso a la información pública y al ritmo de trabajo editorial de este medio de comunicación.

Hechos posteriores al 15 de abril, 16:00 horas

Tras el inicio de nuestra revisión del caso, se han incorporado al expediente documentos relevantes que actualizan su contexto, conforme a lo siguiente:

15 y 16 de abril: La abogada Claudia Reyes habría manifestado ante el Tribunal de Contrataciones del Estado que lo alegado por la notaria carece de toda veracidad, pues el 8 de abril de 2025 se encontraba realizando sus actividades como abogada en la ciudad de Lima. Acreditó tal afirmación con constancias emitidas por el Poder Judicial, sobre diligencias realizadas presencialmente, y mediante comprobantes financieros respecto a sus trámites bancarios. Con los medios probatorios ofrecidos por la citada abogada, se habrían generado serios cuestionamientos a las afirmaciones expuestas por la notaria Bertha Teresa Saldaña Becerra, quien no habría presentado ningún medio probatorio que demuestre fehacientemente la presencia de la abogada Claudia Reyes ante dicho despacho notarial. Asimismo, informó la letrada que interpuso denuncia penal contra la notaria a fin de salvaguardar su honor.

22 de abril: La notaria ratifica su versión mediante nuevo escrito ante el TCE, adjuntando copia de su denuncia penal y respectiva ampliación contra la abogada Reyes por los delitos que se habrían cometido. Informa, además, que ha solicitado al Ministerio Público revisar los videos provenientes de las cámaras instaladas en su sede notarial a fin de corroborar su denuncia.

22 de abril: Se programa una nueva audiencia pública para el próximo 30 de abril de 2025 a las 15:00 horas, en virtud a la conclusión de la designación del señor Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez al cargo de vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado.

23 de abril: La abogada Reyes informa al TCE sobre acciones legales ejercidas en defensa de su honor y buena reputación, señalando que los hechos denunciados son difamatorios, y reitera no haber estado físicamente en la ciudad de Chota.

Precisión editorial

Reconocemos que, dado el dinamismo de este tipo de procesos y nuestra mecánica editorial, la publicación del 16 de abril no recogió de forma completa las versiones de todas las partes involucradas a esa fecha, lo que pudo generar una percepción de desequilibrio en la información difundida.

Lamentamos sinceramente cualquier afectación que dicha omisión involuntaria haya podido causar a la reputación de la Dra. Claudia Reyes, y en atención a su derecho a la honra y al principio de equidad informativa, hemos incorporado en esta actualización los nuevos elementos del caso, conforme a los documentos que obran en el SEACE.

Conclusión

Este caso en la vía administrativa, bajo los fueros del Tribunal de Contrataciones del Estado, ya ha derivado en dos denuncias penales en trámite. Será el Ministerio Público y, eventualmente, el Poder Judicial quienes determinen la veracidad de los hechos materia de denuncia y establezcan si existe responsabilidad penal por alguna de las partes.

Es lamentable que, en el marco de un procedimiento de selección que debe regirse por los principios de integridad, buena fe y respeto mutuo, se haya llegado a hechos que empañan el proceso y perjudican directamente a la población que espera, con urgencia, los servicios materia de la contratación.

Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia informativa. Nuestra labor consiste en difundir hechos relevantes vinculados a las contrataciones del Estado y la lucha contra la corrupción, para que nuestros lectores puedan formarse un criterio propio. En ningún momento hemos emitido juicios de valor ni opiniones personales; nos hemos limitado a exponer hechos documentados, más aún teniendo la precaución de hacer uso del modo condicional.

Nota legal: La información contenida en esta publicación proviene de fuentes oficiales públicas (SEACE) y está sujeta a verificación conforme avancen las investigaciones. Esta nota se presenta con fines informativos; no contiene juicios de valor ni afirmaciones concluyentes. Invitamos a todos los actores a ejercer su derecho de réplica y contribuir con transparencia al esclarecimiento de los hechos.