El pasado 12 de abril, informamos sobre nuevas irregularidades en una de las licitaciones más grandes en Piura, destinada a llevar agua y saneamiento a 105 asentamientos humanos. En dicha nota, advertimos que la apelación presentada por el Consorcio Castilla contra la adjudicación del proyecto al Consorcio Perla de Castilla podría estar sustentada en documentos de dudosa procedencia.

La acusación original apuntaba a una supuesta falsedad en los documentos presentados por el consorcio adjudicatario, referidos a la promesa formal de consorcio y la acreditación de un subcontratista. Pero con el paso de los días, los hechos han dado un giro aún más grave.

En medio de este proceso, salió a la luz que la notaria Bertha Teresa Saldaña Becerra, de la ciudad de Chota, habría sido presionada para firmar una declaración favorable al consorcio impugnante. La propia notaria confirmó que, efectivamente, legalizó las firmas y selló los documentos presentados, en su Oferta, por el Consorcio Perla de Castilla el 24 de febrero. Sin embargo, en una carta fechada el 10 de abril, dejó claro que los documentos no fueron redactados en su despacho y que no se responsabiliza por su contenido, conforme a lo establecido por la ley notarial.

Una declaración bajo presión

Días después, en una comunicación dirigida al Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), la notaria señaló que había sido forzada a firmar una segunda declaración, esta vez favorable al Consorcio Castilla, tras un incidente en el que su hijo habría sido retenido, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Lo alarmante del caso sería que, según el testimonio de la notaria en su escrito del 15 de abril remitido al Tribunal de Contrataciones del Estado, la abogada Claudia Reyes, quien representaría al Consorcio Castilla, se habría hecho pasar por fiscal, ingresando al despacho de la notaria acompañada de sujetos que aparentarían ser miembros de la DIVIAC. La visita podría haber tenido como propósito ejercer presión sobre la fedataria para que firme una nueva declaración favorable a los intereses del apelante.

Piden pericia y se cuestiona apelación

A raíz de estos hechos, el Consorcio Perla de Castilla solicitó al TCE que se practique una pericia documentoscópica de oficio, ya que sospechan que las firmas del representante común del Consorcio Castilla que figuran en el recurso de apelación no serían auténticas. Este detalle es clave, ya que el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado exige que los recursos estén firmados directamente por el representante común, sin excepción.

Un caso que terminaría en el Ministerio Público

De corroborarse estos hechos, no solo se cuestionaría la validez del recurso presentado por el Consorcio Castilla, sino que también cabría la apertura de investigaciones penales por coacción, suplantación de autoridad, falsedad y secuestro.

Por ahora, el Tribunal de Contrataciones del Estado tiene la responsabilidad de evaluar no solo los documentos presentados, sino también las circunstancias bajo las cuales fueron obtenidos. Este caso podría sentar un precedente importante sobre la protección de la función notarial y la integridad de los procesos de contratación pública en el país.